El juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de los presuntos proveedores de Caputo Hermanos en el edificio ubicado en la zona de Vaca Muerta, con el objeto de determinar si el fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel, efectivamente proveyó algún servicio a la familia Caputo o si, por el contrario, hubo sesión de facturas para encubrir pagos por su actividad política.

Vale recordar que en varias oportunidades la vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que el líder de la agrupación de ultraderecha estuvo íntimamente relacionado con el grave intento de magnicidio que sufrió la mandataria el 1° de septiembre de 2022 en la puerta de su departamento del barrio porteño de Recoleta.

En ese sentido, Morel explicó que recibió alrededor de 13 millones de pesos por parte de Caputo Hermanos como contraprestación de trabajos que hizo o que subcontrató desde su carpintería en Boulogne. El jefe de Revolución Federal, que aprendió el oficio por YouTube, supuestamente asestó un golpe de suerte al cruzarse con Rossana Pía Caputo, hermana de Luis “Toto” Caputo, el “hermano del alma” Mauricio Macri.

De acuerdo con la versión de Morel, Rossana Caputo le compró unas mesitas que se rompieron y, aun así, le encargó el mobiliario para un edificio que estaban construyendo en Neuquén. Para la Vicepresidenta los casi 13 millones estuvieron vinculados a respaldar su actividad política.

En este contexto, después de recibir unos informes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el fiscal Gerardo Pollicita pidió el levantamiento del secreto de todos los que aparecen como proveedores del Fideicomiso Espacio Añelo, de Caputo Hermanos.

En particular, el fiscal hizo foco en María Isabel Said, que le facturó más de 828.000 pesos a la firma en concepto de banquetas y sillas. Vale recordar que el inbmueble de Said ya había sido allanado meses atrás, al igual que la de otros proveedores, en busca de certezas.

Pollicita también investiga al entorno de Leonardo Sosa, que fundó el grupo con Morel. El fiscal está interesado en las cuentas del padre, Oscar Enrique Sosa, porque el 20 de octubre pasado, cuando allanaron su domicilio de Villa Ballester encontraron abundante efectivo.

Según las actas del allanamiento, se hallaron entonces 381.000 pesos, 49.385 dólares y 205 euros. Cuando lo indagaron, Sosa había tratado de descargar en Morel los agujeros negros del financiamiento del grupo. Había dicho que era el líder de Revolución Federal quien tenía que, en todo caso, rendir cuentas por su trabajo.

Según Martínez de Giorgi y Pollicita, Revolución Federal representa un esquema delictivo diseñado para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor. Desde su conformación, la agrupación de ultraderecha desarrolló una actividad ilícita.

Por estos hechos, Martínez de Giorgi procesó tanto a Morel como a Sosa e incluyó a Gastón Guerra, otro integrante del grupo que era habitué en el departamento de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner y a Sabrina Basile, otra militante de derecha.

Así, para Martínez de Giorgi, los cuatro debían estar detenidos, pero, sin embargo, la Cámara Federal porteña los excarceló. Ahora son los mismos jueces, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia,  los que deben revisar los procesamientos. En Comodoro Py estimaban que podría haber novedades para finales de esta semana.

Para Pollicita y Martínez de Giorgi, la violencia que desplegó Revolución Federal desde su creación, en mayo pasado, tuvo su punto más alto con el atentado a Cristina Kirchner. Por eso entendían que esos hechos debían investigarse conjuntamente con la tentativa de homicidio.

Sin embargo, ni la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa del atentado, ni el camarista Mariano Llorens, estuvieron de acuerdo en unificar las pesquisas. La unificación es lo que reclama Cristina Kirchner, que ya dijo que consideraba a Fernando Sabag Montiel el sicario financiado por grupos ligados al macrismo.

La Cámara Federal volvió esta semana, con el voto de Bruglia, a blindar a Capuchetti al frente de la investigación después de que Cristina Kirchner la recusara por segunda vez por ser investigadora senior en el Instituto Superior de Seguridad Porteña (ISSP), donde se forma la Policía de la Ciudad.

El tribunal de apelaciones de Comodoro Py aún debe resolver un planteo sobre cómo se peritarán los teléfonos de las secretarias del diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, quien está sospechado de saber con anterioridad que iban a intentar matar a Cristina Kirchner.

En paralelo, Pollicita informó que su colega Carlos Rívolo, a quien Capuchetti le delegó la investigación del ataque contra Cristina Kirchner, autorizó que se entrecruce la información que surja de los teléfonos analizados en esa causa con la de Revolución Federal para determinar si efectivamente hay relación entre el grupo de Morel y Sosa con la banda de los “copitos” de Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.